Bitácora

Ley Ómnibus podría dejar sin conciertos internacionales a Chile y Argentina

Una mala noticia podría estar por ocurrir para los fanáticos del rock internacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, envió la Ley Ómnibus, enmienda que contiene más de 180 páginas y 664 artículos, donde destacan el cese del financiamiento al Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la eliminación del Fondo Nacional de las Artes (FNA).

Esto, además, traería repercusiones gigantes a la hora de organizar conciertos internacionales en Argentina, dada la falta de financiamiento. Eso ocasionaría una especie de efecto dominó en Chile y Brasil, ya que desde hace muchos años los grupos anglo con costeados por productoras de estos tres países latinoamericanos.

Según la industria, en los últimos años el mercado ha funcionado por un complemento entre estos dos países junto a Brasil. “Hay una tríada en Sudamérica, que es Chile, Brasil y Argentina, y cuando una de esas tres patas cojea, para los otros territorios se puede llegar a complicar un poco levantar giras de artistas anglo, entendiendo que hay una pata de esas que no existe”, sostuvo Jorge Toro, productor de Toma, a un medio chileno.

“Es difícil pensar que un artista de importancia global venga a Sudamérica sin pasar por Argentina, es un tema de espacio, de ventas, etc. Creo que, desde todos los lugares, se van a hacer esfuerzos para que no se caiga Argentina como plaza, porque a nadie de Sudamérica le conviene, ninguno es capaz de reemplazar a ese país”, agregó el productor.

De acuerdo a expertos, de aprobarse la Ley Ómnibus y se elimine a Argentina de las giras musicales hay dos escenarios: o dejan de venir al resto de los países de Sudamérica o se incrementa considerablemente el valor de las entradas para los países que intente traer de igual forma a los grupos extranjeros. Algo impensado con la actual situación socioeconómica de la región.

La Ley Ómnibus cuenta con modificaciones de cientos de leyes vigentes que contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, hasta diciembre de 2025.

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